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El Obispo Wenski - Artículos

La Ley Save - Abril 2008

Mientras muchos están distraídos por la aparente interminable temporada de las primarias de este año, las fuerzas ante-inmigrantes en el Congreso están tratando de que se apruebe una ley solamente para hacer cumplir las leyes (“enforcement only”), HR 4088, también conocida como la Ley SAVE (SAVE Act).  Todos, en ambas lados del continuo debate sobre la inmigración, están de acuerdo en que el statu quo es inaceptable – nuestra nación no debe tolerar que en nuestra sociedad surja una nueva clase baja compuesta por trabajadores indocumentados.

Sin embargo, la Ley SAVE, propuesta por los congresistas Shuler y Tancredo, sólo lograría empeorar un statu quo inaceptable.  Nuestro sistema de inmigración está roto debido a leyes anticuadas e inadecuadas.  Una ley con el solo propósito de hacer cumplir las leyes no compondrá un sistema quebrantado, sino que agravará el inaceptable statu quo aún más, haciendo que los trabajadores inmigrantes y su familia se hundan todavía más en la sombra.  Las comunidades de inmigrantes ya viven con temor y ansiedad en todos los Estados Unidos.  Y el creciente uso de la policía local para hacer cumplir las leyes de inmigración ha hecho tensas las relaciones entre la policía y los inmigrantes, incluyendo a muchos que son ciudadanos de los Estados Unidos.  La retórica ante-inmigrante ha hecho tensas las relaciones en las filas étnicas y de clases en todos los Estados Unidos.    

Desde 1994, cuando comenzó a incrementarse el personal policíaco de la frontera a lo largo de la frontera del suroeste de los Estados Unidos, se han invertido más de 30,000 millones de dólares para asegurar la frontera.  A pesar de estas medidas “para hacer cumplir las leyes”, el número de “ilegales” ha aumentado de unos 5 millones (en 1994) a unos 12 millones, según se calcula hoy día.  La construcción de más centros de detención y de muros más altos es una manera costosa – e ineficiente – de utilizar el dinero de quienes pagan impuestos.  Y el sistema de verificación de empleo propuesto por Shuler-Tancredo sería inútil si no incluye disposiciones para legalizar la actual fuerza indocumentada de trabajo.  Una legalización “ganada” no se trata de “amnistía” ni de compensar a quienes quebrantan la ley; se trata de llevar alguna racionalidad a nuestros mercados laborales, una racionalidad que se necesita tanto para el bienestar de los empleadores como el del los empleados.  Obligar a los trabajadores a la clandestinidad, mediante la implementación de un sistema de verificación de empleo no probado, que conlleva poca protección contra el abuso, no es racional y podría resultar en  consecuencias perjudiciales no intencionales para el crecimiento económico y el bienestar social de la nación.  

La Ley Shuler-Tancredo no provee remedios para ofrecerle trabajadores legales a los empleadores; no provee ayuda para las familias cuyos miembros que son ciudadanos de los Estados Unidos desean regularizar a los familiares que no tienen un estatus legal; no favorece a la Patrulla de la Frontera (Border Patrol), quienes ya han testificado ante el Congreso que un programa de trabajadores legales les permitiría concentrarse en los criminales que cruzan la frontera.

La reforma total – desbaratada por los mismos que hoy promueven HR 4088 – ofrecería la mejor manera de ponerle freno a la migración ilegal.  La reforma total, con un camino hacia la legalización para aquéllos que ya están trabajando en los Estados Unidos, y con disposiciones para tratar las futuras necesidades laborales, disminuiría el número de trabajadores indocumentados que entra en el país y permitiría un mejor manejo de la frontera.  La reforma total facilitaría hacer cumplir las leyes – ya que los agentes de control de la frontera podrían concentrar sus recursos en capturar y detener a verdaderos criminales, en lugar de perseguir a itinerantes económicos en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos.  La intensificación de las medidas para hacer cumplir las leyes podría ser efectiva con una reforma total.  No funcionará sin ella.  El Congreso debía prestar buena atención al antiguo consejo que se le daba a los médicos:  Primum non nocere – Primero, no hagan daño.

 


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